martes, 3 de junio de 2008

podcast de reforma energetica

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lunes, 26 de mayo de 2008

Reforma energética sí es privatizadora: Fundación Colosio

° El presidente de la asociación, Francisco Rojas aseguró que privatizar es “compartir la renta petrolera y el mercado interno”
° Rojas advirtió que con ésta reforma Pemex se debilita al quedar como administrador de contratos.

Según esta organización, la iniciativa de Calderón crea una industria petrolera privada paralela a la reservada constitucionalmente para Pemex.
MÉXICO.- La reforma energética del Presidente Felipe Calderón es una privatización del sector energético, en donde se crea una industria petrolera privada paralela a la reservada constitucionalmente para Petróleos Mexicanos (Pemex), concluyó la Fundación Colosio.
"Los mitos se caen: el efecto popote, el tesoro escondido y el futuro promisorio se complementan ahora con que Pemex se fortalece y no se privatiza. Privatizar no sólo significa vender edificios o instalaciones, sino también compartir la renta petrolera y el mercado interno", planteó la asociación priísta que encabeza el ex director de la paraestatal, Francisco Rojas Gutiérrez.Agregó que lejos de fortalecerse, Pemex se debilita y "enaniza" al quedar como simple administrador de contratos, lo que le impedirá absorber tecnologías y prácticas modernas de administración y margina la investigación y el desarrollo. "Paulatinamente, sin decirlo, el Pemex industrial morirá de inanición y obsolescencia y únicamente quedará el sumiso monoexportador de crudo", detalló el documento "Las iniciativas de ley y la Reforma Energética Factible".
Además se expone que al no existir certidumbre jurídica para atraer las mejores empresas, el costo para México será oneroso, "ya que es ilusorio suponer que se contentarían con una tasa de retorno del 15%, como se ha dicho". En el trabajo que entregarán para su discusión a 18 gobernadores, legisladores, dirigentes y organizaciones del tricolor se hace la propuesta de que el Gobierno Federal absorba la deuda de los Proyector de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas) y el pasivo laboral, con la finalidad de que Pemex obtenga recursos para financiar sus inversiones.Además, se propone revisar el destino de los excedentes petroleros, a fin de evitar la discrecionalidad en su distribución y así poder destinar más recursos a la inversión de Pemex.Se proyecta un nuevo régimen fiscal de Pemex que le permita maximizar la renta petrolera y no afectar la rentabilidad de la empresa.
La Fundación Colosio argumentó que se debe priorizar el desarrollo del litoral, las aguas someras y tierra, principalmente en el sureste, en donde "los costos, riesgos y tiempos de exploración son sensiblemente menores".Dijo que el costo por pozo en aguas someras es de 10 millones de dólares, con un tiempo de desarrollo de tres años y 10% de riesgos, mientras en aguas profundas se necesitarían 100 millones de dólares por pozo, en ocho años de desarrollo y con 90% de riesgos.
La Fundación Colosio detalló que Estados Unidos lleva 18 años de avances en la exploración de aguas profundas, en donde no han podido descubrir campos gigantes y la producción promedio por pozo es de mil barriles diarios. En el trabajo se agregó que no se debe marginar a empresas y firmas mexicanas de las bases de licitación, como ha sucedido en contratos de mantenimiento de ductos, entre otros.
Además de que se debe establecer un mínimo creciente de componentes nacionales, con la finalidad de impulsar las cadenas productivas, como ha sucedido en Brasil, Noruega, Rusia y otros países. "Que todos los contratistas y empleados paguen impuestos en México", sostienen las conclusiones, ya que se necesita una reforma energética integral, con visión de largo plazo y que permita una transición gradual para los próximos 30 años.

Reforma energética: hecha a modo para EU

Hablar de la pretendida reforma energética es difícil porque es un tema complicado, donde los políticos solo confunden mas con sus opiniones en virtud de ser éstas normalmente sustentadas mas en conveniencias partidistas que en realidades técnicas.
No es necesario entrevistar a Andrés Manuel López Obrador para conocer su postura, tampoco a Héctor Larios, del PAN, ni a Manlio Fabio Beltrones, del PRI. De antemano sabemos sus posiciones. AMLO cae en contradicciones porque en su momento propuso la inversión privada en asuntos del petróleo mexicano, pero claro fue cuando pretendía seducir a los dueños del capital en su campaña electoral presidencial del 2006. Ahora su posición es distinta porque no es el Presidente de México y se mantiene aspirando a llegar a esa Silla de Mandar.
Los panistas solo apoyan un proyecto de su Jefe, el Presidente Felipe Calderón, y muchos de ellos ni siquiera saben del alcance de esta pretendida reforma energética. En el caso del PRI, es una postura de poder, apoyan pero no del todo, siempre dejan la posibilidad de negar su voto porque Beltrones, Beatriz y toda esa cúpula priísta, saben que un respaldo abierto, absoluto, podría ser la tumba del Revolucionario Institucional.
En realidad lo que debería importar son las opiniones y los estudios sustentados de gente especializada en el tema energético y sus consecuencias futuras a mediano y largo plazo. En días pasados, especialistas del Centro de Investigaciones sobre América Latina, de la UNAM, llegaron a la conclusión de que la reforma energética propuesta por Felipe Calderón, es una estrategia fundamental en la política exterior de Estados Unidos en virtud de que se prevé, para el 2025, este país tendrá una reducción considerable en su producción petrolera, la cual podría llegar al 18 por ciento.
Se estima para entonces, Estados Unidos dependerá en un 70 por ciento de las importaciones del hidrocarburo, lo que significa que si pierden el control, serán vulnerables a los suministros del exterior Por lo anterior, los especialistas consideran que "la propuesta de reforma energética serviría básicamente para soportar y apoyar la seguridad de Estados Unidos, a partir de maximizar la producción nacional a través de la exploración y explotación de todas las opciones que hay en el país". Los analistas creen que México toma un concepto limitado de lo que ello significa y sólo se está concentrando en la disponibilidad de suministro, en todo caso seguro, pero no reflexiona sobre otros componentes que pudieran ser válidos.
En el texto de la reforma, dicen, se consideran todos los recursos que pueden ser explotados. Ahí se da cuenta que no sólo las aguas profundas serán utilizadas, como lo querían hacer creer, sino todo el yacimiento de petróleo. Otro aspecto interesante, exponen los especialistas, es que se harían cambios en la estructura del control corporativo de Pemex. "En la reforma es claro que se pretende una nueva ley orgánica de la paraestatal, en el marco jurídico y corporativo de la empresa".
Sin duda en algo tienen razón los analistas de la UNAM: el riesgo que se corre al aprobar esta reforma, es perder el control de los ritmos de producción, porque no hay una visión a largo plazo y no existe un proyecto de seguridad energética para México. Muchos argumentan el sentido nacionalista para no permitir la inversión privada en la explotación del petróleo, lo cual en principio podría ser correcto, sin embargo, México no puede permanecer ajeno a una economía globalizada, donde la participación del sector privado es fundamental.
El tema no es fácil, particularmente cuando se aborda con principios ideológicos. Lamentablemente la escasa credibilidad en los políticos y gobernantes hace dudar a una gran mayoría de los mexicanos respecto a quien tiene la razón, y sobre todo si las intenciones manifiestas son verdaderamente enfocadas al bienestar de los ciudadanos.
Tal vez abrir a la inversión privada la explotación de un recurso patrimonio de los mexicanos como es el petróleo, no sea tan malo, a lo mejor resulta conveniente, pero lo que sí no sería nacionalista es promover una reforma energética para garantizar la seguridad de otro país olvidándose de la certidumbre del nuestro.

La reforma energética es inconstitucional y privatizadora

El Centro de Estudios de Derechos e Investigaciones Parlamentarias (Cedip) de la Cámara de Diputados, concluyó que las iniciativas de reforma energética que el presidente Felipe Calderón envió al Senado de la República son inconstitucionales y privatizadoras.Y es que, argumentó este órgano legislativo que preside el priista Alfredo Ríos Camarena, de ser aprobadas dichas iniciativas se legalizaría la participación del capital privado en las diversas actividades estratégicas de la industria petrolera, en franca trasgresión al mandato constitucional.En conferencia de prensa Ríos Camarena pidió al Ejecutivo federal presente antes del 30 de este mes la propuesta de reforma fiscal en materia petrolera porque, adujo, “no podemos llegar a conclusiones de ningún debate si no existe la reforma (energética) completa”.De acuerdo con el legislador nayarita la reforma, cuya iniciativa está en el Senado, no es energética sino petrolera y, además, “tiene que transitar necesariamente por una iniciativa de política fiscal”.Explicó que, hasta este momento, 56 por ciento de los ingresos de Pemex —unos 86 mil millones de dólares—, se va a gasto corriente, impuestos, aportaciones y derechos, situación que “no ha regulado ni ha propuesto nada el Ejecutivo”.Por ello exhortó al presidente Calderón a que, mediante la Secretaría de Hacienda, presente antes de concluir el actual periodo ordinario de sesiones las iniciativas de reforma fiscal que tiene que ver con Pemex. De otra forma, insistió, “todo lo que están debatiendo será inocuo o falso, porque no tiene el sostén que debe tener con la reforma fiscal que tiene que hacer el Ejecutivo federal”.El estudio del CEDIP indica que, tras analizar las cinco iniciativas enviadas por el Ejecutivo, para modificar el marco jurídico de Pemex, se llegó a la conclusión de que éstas violan la letra y espíritu del Artículo 27 Constitucional.
Por: Moísés Sánchez Limón
Fuente: www.cronica.com.mx

[Reforma Energética] Resumen del Segundo debate

[Reforma Energética] Resumen del Segundo debate
Por:
Jessica Uribe
Jueves 15 de Mayo, 2008 (14:27)
El día de hoy se reunieron por segunda ocasión nuestros legisladores y algunos representantes de partidos para discutir el futuro del petróleo en nuestro país en el Debate Energético continuando con el tema: “Los principios que deben regir la reforma energética”.

Entre los asistentes de día de hoy se enconcontraron Claudia Sheinbaum, Arturo Fernández, Héctor Aguilar Camín, Javier Jiménez Espriú, Porfirio Muñoz Ledo, Luis Rubio y Javier Beristáin.

Esta segunda reunión inició 25 minutos más tarde y con menor asistencia que la primera.
Claudia Sheinbaum, quien fué en representación de Andrés Manuel López Obrador propuso a Pemex como motor de la economía con una política integral y que cuente con un comité Anticorrupción nombrado por el Congreso de la Unión.

Mientras que Porfirio Muñoz Ledo afirmó que la iniciativa del Gobierno Federal sólo se enfoca en la inversión privada al sector energético.

“Es notoriamente inconstitucional y nociva, pues se trata de una operación roedora que carcome la estructura del recurso petrolero y de las finanzas de nuestro país”

Javier Jiménez Epriú coincidió con Muñoz Ledo y sostuvo que:
“No podemos aceptar como dogma de fe que no hay privatización, que no hay contratos de riesgo; las verdades a medias, son mentiras dolosas”

De la misma manera el investigador Luis Rubio llamó a que el debate se centara principalmente en la eficiencia de la parestatal y no en su propiedad pues esta implícito que ésta pertenece a la nación, así como que la función de Pemex debe ser el de elevar el nivel de vida de los mexicanos y fomentar la creación de empleos.

www.vivirmexico.com

Debaten legalidad de reforma energética

Publicado: 13:4020 de mayo de 2008

CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión.com) — El papel que jugará el sector privado en algunas áreas estratégicas de Pemex se convirtió este jueves en tema de debate dentro de los foros organizados por el Senado con miras a aprobar una reforma al sector energético.

Algunos juristas consideraron que la iniciativa enviada por el gobierno de Felipe Calderón es perfectible pero está dentro del marco legal vigente, mientras que otros abogados sugirieron que la intención de abrir el sector energético al sector privado podría ser inconstitucional.

El artículo 27 de la Carta Magna establece que los recursos petroleros son de dominio directo de la Nación. La iniciativa calderonista no prevé cambios en la Constitución, pero intenta regular de forma más clara los contratos que puede celebrar la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) con empresas privadas.

Estos son algunos de los postulados realizados este martes por los ponentes:

Arturo Zaldívar Lelo de Larea
Vicepresidente del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional

Lo que requiere el Legislativo es dotar de una suficiente solidez argumentativa las decisiones que se tomen a efecto de que el peligro de inconstitucionalidad en sede jurisdiccional se reduzca a su mínima expresión.

Las iniciativas presentadas y que hoy se analizan son constitucionales pero perfectibles, es decir, me parece que hay buenos y suficientes argumentos para sostener la constitucionalidad de las iniciativas, pero que sería deseable enriquecerlas a efecto de reducir el margen de vulnerabilidad en sede de análisis inconstitucionalidad.

Mientras no se le llegue a dotar el sentido completo al concepto de explotación y se respete el que no haya concesiones de contratos me parece que las opciones son constitucionalmente válidas.

Descalificar de entrada, a priori, con criterios literales o dogmáticos una iniciativa, poco ayuda al debate de la ayuda de las soluciones, la función de los juristas de los constitucionalistas es interpretar la constitución de la forma que la haga funcional al país.

Jaime Cárdenas
Especialista en Derecho Constitucional

Estas iniciativas no enfrentan los más importantes problemas de la industria petrolera del país, ni tampoco proponen nada respecto a la corrupción del sindicato petrolero, ni respecto de la corrupción de la alta burocracia con Pemex y los contratistas, son reformas que no buscan democratizar al sindicato de Pemex, no son propuestas concebidas desde la transparencia y la rendición de cuentas, más bien alientan la opacidad y favorecen la ausencia de controles.

No son reformas que estén incorporando a la sociedad civil, no se trata de modificaciones legales que fortalezcan las competencias del poder legislativo y judicial mexicano, más bien las reduce a favor de tribunales extranjero y del derecho extranjero, no son reformas que propongan medidas para racionalizar administrativamente las funciones de Pemex, no son modificaciones que respondan al problema del destino de los excedentes petroleros.

No son propuestas inscritas en la racionalidad y austeridad administrativa de Pemex, no son propuestas interesadas en promover la investigación científica y tecnológica, no son reformas orientadas a fortalecer la inversión pública, no son planteamientos que quieran recuperar pozos abandonados o que fijen reglas para la explotación integra de los mismos.

Mario Becerra
Catedrático de la Escuela Libre de Derecho
El sector privado no puede intervenir en aspectos inherentes a la función exclusiva del Estado en el área estratégica del petróleo en cumplimiento del artículo 27 Constitucional, pero sin embargo sí puede intervenir en las actividades industriales siempre y cuando no sea propietario de los recursos cuyo dominio directo pertenece a la nación ni pueda celebrar actos jurídicos que conlleven a obtener un beneficio, es decir, una renta petrolera.

Corresponde a la nación mexicana el dominio directo del petróleo, es decir, puede usar aprovechar y disponer del mismo única y exclusivamente y también le corresponde obtener las renta petrolera sobre el petróleo y sobre sus derivados.

Lo que se otorga en la reforma en la reforma presentada por el ejecutivo federal es una mayor certeza jurídica puesto que se establece que tratándose del transporte, del almacenamiento y de la distribución tanto del gas como de la petroquímica básica y de los productos derivados de la refinación del petróleo deban necesariamente estar sujetos a previo permiso del estado y la ley reglamentaria.

La propuesta del ejecutivo federal permite que los particulares puedan participar en la refinación del petróleo pero ello no implica bajo ninguna circunstancia el que se les transmita el dominio directo del mismo.

La reforma planteada es perfectible pero me encuentro que sí cumple con los presupuestos constitucionales previstos en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales.

Juventino Castro y Castro
Especialista en Derecho Constitucional

Cualquier reforma que admita la intervención directa o indirecta de particulares debe ser considerada como inconstitucional, ya que de aprobarse tal y como se propone se estaría autorizando que Pemex maneje a la industria petrolera nacional no en forma directa y exclusiva, sino involucrando en alguna forma para su manejo al sector privado.

Es evidente que existe un intencionado propósito de introducir confusión sobre lo estructurado por la constitución para las áreas prioritarias y lo decretado exclusivamente para las áreas estratégicas.

Las iniciativas presentadas por el Ejecutivo federal requieren para su aprobación consulta previa a la soberanía popular, porque es ella la titular exclusiva de las riquezas del subsuelo.

Arnaldo Córdova
Investigador de Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM

La iniciativa de reforma energética no debió haberse presentado antes de que se presentara una reforma hacendaria, cada vez está más claro que esta llamada reforma energética, es un sustituto de aquella reforma, la reforma fiscal que desde hace años debió haberse hecho en este país.

Lo que nos propone esta reforma energética es seguir usando a Pemex como el proveedor de las finanzas públicas, no se busca la modernización de la industria ni de la compañía nacional, es un problema de finanzas públicas sin plantear una reforma hacendaria, esto es lo más grave del asunto.

Deberíamos estar discutiendo problemas relativos al ingreso fiscal de la federación y no esto, además esto no tiene ningún fundamento en la constitución.

Los que nos oponemos a las iniciativas de ley de la industria petrolera que ha enviado el gobierno, también deseamos la modernización de Pemex, la queremos como una empresa nacional que tenga suficientes recursos para desarrollarse a sí misma y apoyar el desarrollo integral de México, la queremos con su Instituto Mexicano del Petróleo, bien abastecido de recursos, para que nos vuelva a dar tecnología de punta, en lugar de andar comprándola en el extranjero.

La queremos libre de sindicato mafioso, que sangra a la empresa sin ningún beneficio para los trabajadores, no queremos otra vez la vergüenza de los ‘Pemexgates’, aboguemos porque la iniciativa privada contribuya activamente al desarrollo de nuestra industria petrolera, porque la iniciativa privada es necesaria, pero no queremos que la iniciativa privada obtenga ventajas ilegales y peor, anticonstitucionales.

Héctor Fix Fierro
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

La iniciativa no enfrenta obstáculos específicos de inconstitucionalidad que impidan al congreso de la unión discutir las iniciativas de carácter técnico, económico, administrativo e incluso político.

Es posible interpretar las disposiciones constitucionales vigentes de un modo sistemático, razonable y coherente a fin de que el legislador pueda adoptar las decisiones de política pública más convenientes, para enfrentar y revertir la difícil situación en la que se encuentra la explotación de un recurso, que ha sido y seguirá siendo, esencial para el país.

Quienes argumentan que de ser aprobadas las iniciativas analizadas serían inconstitucionales, no sólo dan a entender que las disposiciones constitucionales tienen un significado único, lo cual no es correcto, porque siempre son posibles otras interpretaciones, y la cuestión se reduce a saber cuál es la mejor interpretación.

Plantean ‘blindar’ reforma energética

Publicado: 16:09
22 de mayo de 2008

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex) — Las iniciativas de reforma energética del Ejecutivo federal se ajustan al marco constitucional, pero deben modificarse para evitar controversias y acciones de inconstitucionalidad, consideraron especialistas en Derecho.

En el foro "Análisis Constitucional de las Iniciativas de Reforma Energética" que organiza el Senado, el secretario general del CIDE, Sergio López Ayllón, sostuvo que dicha propuesta respeta la carta magna, pero debe ser reformada para blindarla "en algunos puntos específicos y robustecer su congruencia con la Constitución".

Opinó que las iniciativas cumplen de manera cabal con el precepto constitucional pues proponen que Petróleos Mexicanos (Pemex) siga con la facultad exclusiva sobre el crudo, los productos de la petroquímica básica y de la refinación.

El integrante del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) indicó que se modifica el alcance de las "áreas estratégicas" para la posible participación del sector privado en diversas áreas antes reservadas al Estado.

A su decir, ello no contraviene disposición constitucional alguna, al igual que los llamados contratos incentivados, pues no tiene nada qué ver con los contratos de riesgo.

En su oportunidad José Luis Romero, doctor en Derecho Constitucional, afirmó que si bien algunos puntos de la reforma "entran en colisión con la Constitución, no tienen ningún efecto jurídico concreto ni producen ningún perjuicio real.

“Sin embargo, tienen normas que pueden ser declaradas inconstitucionales, por lo que el Congreso debe blindar el proyecto presidencial "ante la eventual acometida proveniente de otro poder público", añadió.

En su turno, el investigador universitario Miguel Carbonell sostuvo que si bien las iniciativas pueden mejorarse son constitucionales, pues no comprometen la renta petrolera ni generan derechos sobre los hidrocarburos.

El integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM indicó que la refinación de petróleo por parte de particulares no está prohibida por la Constitución y puede ser autorizada válidamente por el Congreso.

Además las propuestas presidenciales tienen un candado para que las empresas privadas no puedan hacerse de un beneficio obtenido del petróleo o sus residuos, y los pagos que reciban serán en efectivo, destacó.

Por su lado el ex legislador del PAN, Fauzi Hamdan, defendió la constitucionalidad de las iniciativas presidenciales y rechazó que impliquen la privatización de Pemex o la pérdida de la rectoría del Estado en la materia.

En el mismo foro el especialista Sergio García Ramírez consideró que si bien en la iniciativa de reforma energética del Ejecutivo no se plantea una reforma a la carta magna sí tiene una relación estrecha con decisiones constitucionales.

Aseveró que esa propuesta reduce las áreas estratégicas a las que se refiere el Artículo 27 constitucional, ya que algunas actividades pasarían a otras manos y otros intereses "sociales o privados, nacionales o extranjeros".

El ex secretario del Trabajo planteó que si una ley secundaria corrige la normatividad suprema, en este caso la carta magna, quedaría en riesgo todo el orden constitucional.

Mientras tanto el investigador de la UNAM, Luis Javier Garrido, estimó que si se concreta la citada iniciativa se podría llevar a Petróleos Mexicanos (Pemex) "a un abismo".
El experto en Derecho Constitucional Raúl Carrancá opinó, en tanto, que la Ley Reglamentaria del Artículo 27 de la carta magna propuesta en la iniciativa de reforma energética del Ejecutivo no cumple con lo previsto en la Constitución.

El profesor emérito de la UNAM subrayó que en el referido apartado de la Constitución está prohibido en la industria petrolera nacional la celebración de contratos u otorgamientos de concesiones a particulares.

Sin embargo, el Artículo 6 de la Ley Reglamentaria que propone el Ejecutivo señala que Pemex y sus organismos subsidiarios y filiales podrán celebrar contratos o conceder permiso a particulares.

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